La ciudad de Nueva York presentó este miércoles una denuncia formal contra cinco de las mayores redes sociales -TikTok, Instagram, Facebook, Snapchat y YouTube- por “alentar una crisis de salud mental entre los menores en toda la nación”.

La denuncia -formalizada ante el Tribunal Supremo de California, estado donde tienen su sede la mayoría de empresas tecnológicas- fue presentada hoy por el alcalde Eric Adams y ha sido planteada conjuntamente por la Alcaldía, el Departamento de Educación y el Departamento de Salud.

Gasto en programas de salud mental juvenil

Nueva York -dijo el alcalde- gasta 100 millones de dólares al año en programas de tratamiento de salud mental de la juventud: “Nuestra ciudad se construyó sobre la innovación y la tecnología, pero muchas redes sociales ponen en peligro la salud mental de los niños, promueven adicciones y animan a comportamientos insanos”, explicó.

“Hoy estamos actuando en nombre de millones de neoyorquinos para que estas compañías rindan cuentas por su papel en esta crisis (…) La denuncia y el plan de acción son parte de una acción más vasta que afectará a las vidas de nuestros jóvenes, nuestra ciudad y nuestra sociedad en los años venideros”, expresó el alcalde.

El pasado 24 de enero, la ciudad de Nueva York declaró a las redes sociales “amenazas para la salud mental” y las equiparó en su peligrosidad a las drogas y las armas.

“No podemos quedarnos mirando y dejar que las grandes tecnológicas moneticen la intimidad de nuestros hijos”, subrayó entonces el alcalde, que se apoyó en un informe del Departamento de Salud Mental que decía que un 77 % de los alumnos de secundaria pasan tres horas o más al día delante de una pantalla en su tiempo de ocio.

Algoritmos intencionados

La denuncia planteada describe alguna de las tácticas de las redes sociales, como “el uso de algoritmos para mantener a los usuarios conectados y animar a una utilización compulsiva”, el diseño de mecanismos similares a los juegos en el diseño de aplicaciones y el abuso de la “reciprocidad” o hacer sentir al usuario la necesidad de interactuar con la aplicación.

Nueva York es la primera gran ciudad en plantear una denuncia contra cinco grandes tecnológicas -algunas de ellas cuentan entre las reinas de Wall Street-, pero a Nueva York la precedieron 41 estados que denunciaron a Meta (propietaria de Facebook e Instagram) por las mismas razones el pasado mes de octubre.

Fuente: EFE

 La OMS indica que 5% de los adultos padece depresión y afecta más a las mujeres que a los hombres

La lucha contra la depresión tiene su Día Mundial este 13 de enero. La OMS señala que ese abatimiento es una enfermedad que se caracteriza por una tristeza persistente y la pérdida de interés en las actividades con las que normalmente se disfruta.

"Algunos tipos de depresión tienden a darse en familias. Sin embargo, la depresión también puede ocurrir en personas sin antecedentes familiares de depresión. No todas las personas con enfermedades depresivas experimentan los mismos síntomas. La gravedad, frecuencia y duración de los síntomas varían dependiendo de la persona y su enfermedad en particular”, apunta la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

La depresión, además, puede incapacitar a las personas para realizar las actividades regulares de la vida. En 2023, la OMS indicó que, en el mundo, 5% de los adultos padece de esa patología y que este trastorno mental afecta más a las mujeres que a los hombres, según ese organismo.

El Instituto Nacional de Salud Mental (National Institute of Mental Health) de los Estados Unidos apunta que la depresión clínica es diferente a la tristeza o el desánimo que puede experimentarse en algunos momentos de la vida: "La depresión puede ocurrir conjuntamente con otros trastornos mentales y otras enfermedades como diabetes, cáncer, enfermedad cardíaca y dolor crónico. La depresión puede empeorar estos problemas de salud y viceversa".

Personas con depresión

Según los registros de la OMS, en el mundo, aproximadamente 280 millones de personas sufren depresión. Además, más del 10% de las embarazadas y de las mujeres que acaban de dar a luz experimentan depresión.

"Aunque hay tratamientos conocidos y eficaces contra los trastornos mentales, más de 75% de las personas afectadas en los países de ingreso bajo y mediano no reciben tratamiento alguno. Entre los obstáculos a una atención eficaz cabe destacar la falta de inversión en atención de salud mental y de proveedores de atención de salud capacitados, así como la estigmatización asociada a los trastornos mentales", indica la OMS.

Para luchar contra la depresión, la Organización Mundial de la Salud impulsa el Plan de Acción sobre Salud Mental 2013- 2030, en el cual se establecen las etapas requeridas para ofrecer intervenciones adecuadas a las personas con trastornos mentales, y de manera particular con depresión.

Fuente: OMS

 Quizá la escolarización coercitiva y unos estándares "aprobados por el Estado" cada vez menos razonables sean el verdadero problema.

Los estándares “aprobados por el Estado” para el desarrollo infantil y la competencia lectora cambiaron

Los primeros casos documentados de dislexia, o trastorno del procesamiento del lenguaje que dificulta la lectura, se remontan a hace más de un siglo. Durante décadas, se consideró un hecho relativamente raro, pero hoy se calcula que hasta el 20 % de la población estadounidense es disléxica. ¿Qué está pasando?

Los avances en el diagnóstico y el tratamiento de la dislexia en la infancia sin duda han dado lugar a tasas más elevadas, pero eso es sólo una parte de la historia. El esfuerzo nacional de las dos últimas décadas por obligar a los niños a leer a edades cada vez más tempranas -antes de que muchos de ellos estén preparados para ello- también es un posible culpable.

Un estudio realizado por Daphna Bassok, profesora de la Universidad de Virginia, y sus colegas reveló que, en 1998, el 31% de los profesores creía que los niños debían aprender a leer en el jardín de infancia. En 2010, esa cifra era del 80 por ciento.

Los niños no cambiaron. Sí lo hicieron las expectativas.

Parte de ello se debió a la aprobación de la ley federal No Child Left Behind (Que ningún niño se quede atrás) en 2001 y su adopción de una “reforma basada en estándares” verticalista que hacía hincapié en un plan de estudios rígido y estandarizado y en la realización de pruebas frecuentes, aplicadas a alumnos cada vez más jóvenes. El jardín de infancia se convirtió en el nuevo primer curso.

En relación con esto, en 2006, el Departamento de Educación de EE.UU. modificó su definición de las dificultades de aprendizaje infantil de la siguiente manera:

“El niño no alcanza un rendimiento adecuado para su edad o no cumple las normas de nivel de grado aprobadas por el Estado en una o más de las siguientes áreas, cuando se le proporcionan experiencias de aprendizaje e instrucción apropiadas para su edad o las normas de nivel de grado aprobadas por el Estado: Expresión oral, comprensión auditiva, expresión escrita, habilidades básicas de lectura, habilidades de fluidez lectora, comprensión lectora, cálculo matemático, resolución de problemas matemáticos…”

Los estándares “aprobados por el Estado” para el desarrollo infantil y la competencia lectora cambiaron y si los niños no cumplían esos nuevos y arbitrarios puntos de referencia, podían ser etiquetados con una discapacidad de aprendizaje como la dislexia. Hoy en día seguimos viendo las consecuencias de estas políticas.

Con la creciente presión sobre los logros de la alfabetización temprana y las nuevas preocupaciones sobre la supuesta “pérdida pandémica de aprendizaje”, es probable que más niños pequeños se vean atrapados en una red de discapacidad que puede tener mucho más que ver con la escolarización coercitiva que con ellos como estudiantes individuales. Por ejemplo, The Boston Globe informó recientemente de que en Massachusetts “no fue hasta este curso escolar cuando el estado empezó a exigir a todos los distritos del estado que evaluaran a los alumnos de Kindergarten a 3º de primaria al menos dos veces al año mediante una evaluación aprobada por el estado”. Esto ha llevado, quizá sin sorpresa, a que alrededor del 30 por ciento de los estudiantes de K-3 de Massachusetts sean etiquetados como de “alto riesgo de fracaso en la lectura”, y alrededor del 20 por ciento de los niños etiquetados como indicadores de dislexia.

Permítanme ser muy clara: no estoy descartando la existencia de la dislexia o de otros problemas de aprendizaje relacionados. Existen y los niños diagnosticados deben recibir el tratamiento adecuado. De hecho, he destacado varias microescuelas que se centran específicamente en las necesidades de los alumnos disléxicos, como Activate en Portland, Oregón, fundada por un antiguo profesor de la escuela pública, y SOAR Academy en Augusta, Georgia.

Pero el aumento vertiginoso del número de niños a los que se diagnostica dislexia y otras dificultades de lectura similares debería hacer que todos nos detuviéramos y reflexionáramos críticamente sobre este repunte del diagnóstico. Obligar a los niños pequeños a leer antes de que estén preparados puede ser un factor importante, y pasado por alto, en el posible sobrediagnóstico de la dislexia.

Si miramos fuera de la escolarización estandarizada y estatal, obtenemos una visión más clara de las implicaciones de las políticas educativas coercitivas en el aprendizaje infantil. En 1987, Daniel Greenberg, cofundador de la escuela no coercitiva Sudbury Valley School, escribió en su libro Free At Last sobre las dos primeras décadas de funcionamiento de la escuela. Explicaba que nunca habían tenido un caso de dislexia. “El hecho es que nunca la hemos visto en la escuela. Quizá sea porque nunca hemos obligado a nadie a aprender a leer”, escribió Greenberg.

A pesar de no obligar a los niños a leer, todos los alumnos de Sudbury Valley aprenden a leer, aunque con horarios muy dispares que probablemente nunca se permitirían en una clase convencional. Intrigados por la experiencia de Sudbury Valley, el profesor de psicología del Boston College Peter Gray y su colega David Chanoff publicaron una investigación sobre los antiguos alumnos de la escuela y sus resultados. Gray informó de que “dos de los graduados nos dijeron que habían llegado a la escuela a los 15 años sin saber leer, con un diagnóstico de dislexia. Ambos nos dijeron, de forma independiente, que aprendieron a leer a los pocos meses de estar en la escuela”. Los investigadores descubrieron que cuando se eliminaba la presión descendente y los adolescentes eran libres de dirigir su propio aprendizaje, aprendían rápidamente a leer.

Gray siguió investigando sobre alumnos autodirigidos, como los que no asisten a la escuela y los matriculados en escuelas modelo Sudbury. En su columna de Psychology Today, escribió: “También he descubierto, en encuestas informales a niños sin escolarizar y a alumnos de escuelas democráticas, que existe una gran variedad de edades a las que los niños aprenden a leer (aquí). La mayoría aprende a leer en sus primeros 7 u 8 años de vida, pero algunos no lo hacen hasta la adolescencia. Supongo que a muchos de ellos se les habría diagnosticado dislexia si hubieran estado en una escuela tradicional, donde todo el mundo se habría preocupado mucho por su lectura.”

¿Las escuelas estatales convencionales tolerarían alguna vez a estos lectores “tardíos”? Es poco probable, sobre todo teniendo en cuenta que los 7 u 8 años se consideran ahora “tardíos” para la lectura en muchas escuelas.

Una vez más, la dislexia y los trastornos de lectura relacionados son reales, pero cuando se diagnostica dislexia a uno de cada cinco niños pequeños, debería despertar la curiosidad y la reflexión cultural. Tal vez la escolarización coercitiva y las normas “aprobadas por el Estado” cada vez menos razonables sean el verdadero problema.

Por: Kerry McDonald, miembro senior de educación en FEE.